蜜桃交友

Isabella Piro-Ciudad del Vaticano

Querido en 2012 por el gobierno de Obama, el proyecto DACA  permite que los inmigrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos de niños siguiendo a sus padres (los llamados "dreamers") queden exentos de la deportación y obtengan permisos de trabajo, ayudando en gran medida a los recursos nacionales. Se ha calculado, de hecho, que los beneficiarios del Daca aportan más de 42.000 millones de dólares al año a la economía estadounidense.

Daca estuvo en el punto de mira de la anterior administración Trump, que intentó abolirla en junio de 2020, pero recibió una opinión contraria del Tribunal Supremo. Ahora, por tanto, el memorando de Biden abre un nuevo escenario. La Conferencia Episcopal Nacional (Usccb) reaccionó inmediatamente y, en una nota firmada por su presidente, el arzobispo José Gómez, así como por el responsable del Comité Episcopal para las Migraciones, monseñor Mario Dorsonville, acoge "con beneplácito" la decisión del nuevo Jefe de Estado. "Durante años", escriben los obispos, "los jóvenes de Daca han enriquecido nuestro país. Son contribuyentes a nuestra economía, veteranos de nuestras fuerzas armadas, excelencias académicas de nuestras universidades y figuras destacadas en nuestras parroquias y comunidades". Merecen, por tanto, "junto con sus familias", "certeza, cercanía, generosidad y justicia".

La Iglesia católica estadounidense, por tanto, "anima encarecidamente al Jefe de Estado y al Congreso Nacional a promulgar inmediatamente una legislación que proporcione una vía para la ciudadanía a los 'dreamers'", porque "hace tiempo que se necesita una protección legislativa permanente que trascienda los alineamientos partidistas y ponga en primer lugar la dignidad humana y el futuro de las personas." "La protección de los 'dreamers' -exhortan los prelados- debe ser solo el primer paso de una reforma sistemática de nuestras leyes sobre inmigración, que ya están obsoletas". De ahí el fuerte llamamiento de la USCCB para "avanzar, de forma bipartidista, en la reparación de las fracturas del sistema nacional de inmigración". Además de proteger a los 'dreamers', los obispos esperan una reforma que "apoye la inmigración basada en la familia, garantice el debido proceso y el estado de derecho, reconozca las contribuciones de los trabajadores, proteja a los vulnerables que huyen de la persecución y aborde las causas fundamentales de la migración." "Estamos dispuestos a trabajar con el presidente Biden, su administración y el Congreso", concluyó la Usccb, "en esta cuestión urgente que afecta a la vida y la dignidad humanas".

En una segunda declaración, entonces, Monseñor Dorsonville se detiene en la revocación por parte de Biden, el 20 de enero, de la Orden Ejecutiva 13768/2017, que prevé la expulsión de los Estados Unidos de los extranjeros con antecedentes penales, así como de las personas acusadas pero no condenadas. El nuevo presidente también puso en marcha una moratoria de 100 días para determinadas deportaciones. "Son unos primeros pasos importantes -comenta el prelado- para que la aplicación de la ley de inmigración en nuestro país sea equilibrada y humana". "Demasiadas personas, de hecho", continúa el obispo, "han experimentado una aplicación dura y de mano dura de la ley tanto en la frontera entre Estados Unidos y México como dentro de Estados Unidos", lo que ha llevado a "dividir innecesariamente a las familias".

Recordando, pues, que "la fe católica reconoce el derecho de las naciones a controlar sus fronteras", monseñor Dorsonville subraya que, no obstante, "se puede defender el Estado de derecho sin negar el refugio a los vulnerables, reconociendo al mismo tiempo la importancia y la necesidad de la unidad familiar". El presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones también prometió el compromiso de la Iglesia de "trabajar con la nueva administración" en la revisión de las políticas migratorias que "preservan la soberanía nacional pero, al mismo tiempo, reconocen la dignidad humana intrínseca de cada persona, independientemente de su estatus migratorio".