EE.UU. Obispos: se puede hacer justicia sin la pena de muerte
Lisa Zengarini - Ciudad del Vaticano
La ejecución de Lisa Montgomery, la primera mujer que se enfrenta a la pena de muerte en casi 70 años en los Estados Unidos, ha sido suspendida in extremis. La inyección letal estaba programada para hoy, 12 de enero, en el Federal Correctional Complex de Terre Haute, Indiana, pero un juez del Tribunal del Distrito local decidió suspenderla indicando la necesidad de una audiencia probatoria para determinar la condición mental de la mujer.
El número de penas de muerte ejecutadas desde el 13 de julio, después de que la Corte Suprema diera luz verde a la reanudación de las ejecuciones a nivel federal, que habían sido suspendidas en 2008 por el gobierno de Bush, se detiene temporalmente en 10 de las 13 ordenadas por el Presidente saliente Trump antes del final de su mandato. Una decisión a la que se opusieron los obispos que ayer lanzaron un nuevo y apremiante llamamiento contra la pena de muerte.
En una dirigida a los Senadores y Representantes, Monseñor Paul S. Coakley, presidente de la Comisión para la Justicia Interna y el Desarrollo Humano de la Conferencia Episcopal (Uscbb) y Monseñor Joseph F. Naumann, presidente de la Comisión Episcopal para las actividades pro-vida, pidieron a la administración saliente que detenga las tres ejecuciones programadas para este mes y a la nueva administración que tomará posesión el 20 de enero que suprima definitivamente la pena capital a nivel federal.
En la misiva los dos prelados señalan que por primera vez en 2010 se ha registrado un número récord de ejecuciones, con más condenas a muerte ejecutadas que en todos los 50 Estados de la Unión juntos. De ahí la petición a los miembros de las dos cámaras del Congreso de que aprueben la Federal Death Penalty Prohibition Act, la nueva ley que prohibiría a nivel federal la imposición de la pena de muerte, previendo su conversión en penas alternativas. así como las posiciones expresadas repetidamente por San Pablo VI y Benedicto XVI.
La carta también recuerda los repetidos llamamientos de los mismos obispos contra la pena capital por considerarla contraria a la dignidad humana y a menudo aplicada de manera discriminatoria y arbitraria. Lo más grave - se subraya - es que entre los ejecutados hay 170 personas que luego fueron declaradas inocentes. La carta no descuida el sufrimiento de las familias de las víctimas para las que piden una asistencia psicológica adecuada.
"Con las prisiones modernas, no necesitamos la pena de muerte para mantenernos a salvo", reiteran los dos obispos en conclusión. "Podemos obtener justicia sin ella y fortalecer el respeto por la dignidad y el carácter sagrado de toda vida humana que es tan necesario hoy en día".
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