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Alina Tufani - Pope

La pandemia de Covid-19 y su dramática irrupción en el itinerario humano doblegado en una “nueva realidad” abre la amplia reflexión de los obispos de Paraguay publicada al final de su 227°Asamblea Plenaria ordinaria.  El contexto inusual para la vida de la Iglesia y del país por la situación sanitaria es enmarcado en el (CEP) a la luz de la fe, la esperanza y la caridad de la misión evangelizadora de la Iglesia. Pero además, con la firmeza de pastores que comparten las situaciones que afligen a su pueblo,  los hechos que los “indignan” y los “desafíos pendientes” en la sociedad paraguaya.  

Paraguay necesita equidad y desarrollo

“La corrupción, pública y privada, no deja de dañar nuestra confianza, y de malgastar los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, en especial de los sectores vulnerables”, denuncian los obispos. Y reiteran la necesidad de equidad, de desarrollo, salud, educación, alimento, trabajo, techo, tierra, y de dignidad de toda la vida.

Los prelados califican de frágil e ineficaz el desempeño de muchas instituciones, “más interesadas en el beneficio del poder que en el servicio al bien común”, con una gestión que retrasa e impide la aplicación de políticas públicas adecuadas a las demandas de los diversos sectores sociales y económicos del país. Advierten que la falta de seriedad y de respuestas oportunas provocan cierres de empresas y pérdidas de empleo que “hipotecan el presente y el futuro de muchos jóvenes y de muchas familias”.

“Todo indica que la pobreza seguirá en aumento, y que debemos asumir juntos el desafío de superar la inequidad estructural, que genera aislamiento y marginación, polarización y división entre hermanos. Hay que unir esfuerzos para que el número de migrantes internos no aumente, que muchos campesinos no abandonen el campo, que los indígenas no se vean alejados de su hábitat natural”, enfatiza el mensaje.

Recuperar la credibilidad de las instituciones públicas

El mensaje de la CEP llama a recuperar la credibilidad de las instituciones públicas, con coherencia y honestidad,  a generar recursos, ocupación, educación y evitar que muchos engrosen las periferias de las ciudades, con las consecuencias dolorosas del desarraigo, la precariedad, las adicciones, la separación de familias, la promiscuidad, la falta de servicios básicos, la indigencia y las consecuencias psicológicas y existenciales.

“Debe dolernos a todos, que los pueblos indígenas, de diversos puntos del país, sean expulsados de sus territorios, con acciones de cuestionable legalidad y, no pocas veces, al amparo de algunos poderosos” claman los obispos y recuerdan que los organismos públicos son los responsables de velar por el cumplimiento de la ley, salvaguardar los derechos de los nativos y garantizar sus derechos frente a intereses privados y acciones que atentan contra ellos.

Hidroeléctrica de Itaipú un recurso de todos

Otra cuestión grave planteada por la CEP es la “renegociación del Anexo C del Tratado de la Binacional Itaipú” que puede representar una oportunidad,  si el aprovechamiento de la energía y de los bienes generados por esta hidroeléctrica, sirve para promover la integración, la justicia y el desarrollo.

“Itaipú es, en nuestra historia, un hito que generó transformaciones importantes en la economía y en la cultura paraguaya, al mismo tiempo que ha sido, desde sus inicios, un espacio codiciado de intereses mezquinos. Debe ser de interés y consenso nacional, que esta empresa se oriente a lo que está llamada a ser: Un bien común, que genera posibilidades de desarrollo, y administrado correctamente”, instan los obispos.

Reconciliación, diálogo y bien común

Temas como el sistema de educación, ya aquejado por problemas estructurales y burocracia, en este tiempo de pandemia preocupa a los obispos que piden diseñar e implementar las mejoras requeridas para las circunstancias planteadas por la pandemia y las tecnologías de hoy.

“Necesitamos fortalecer la reconciliación entre todos los compatriotas y devolver la seguridad a la vida de todos. El camino de la violencia no es el que debemos transitar, para conquistar la justicia social que queremos. Debemos promover un pacto social, fundado en una justicia transparente, objetiva y eficiente, y en un compromiso común de buscar soluciones integrales e integradoras”.

La CEP sostiene que la vida política debe ser el lugar del debate, que propone y logra soluciones y condena la práctica del secuestro, la extorsión, el asesinato impune, el abuso de poder, el fraude y a toda práctica contraria a la dignidad de las personas, de la verdad y del bien.

“Exhortamos, pues, a los poderes públicos, a los líderes políticos, sociales y económicos, que no ahorren esfuerzos para propiciar un diálogo social abierto, participativo y transparente, que conduzca a definir e implementar las políticas y acciones adecuadas a este tiempo. Esta es una condición indispensable para encontrar los consensos básicos que necesitamos como nación para el logro del bien común”, concluye el mensaje.