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Alina Tufani - Pope

“Hemos hecho una experiencia de servicio, de servicio a la Patria, y una demostración de la solidez de la institucionalidad del Estado costarricense sobre el cual descansa nuestra democracia”. Estas las palabras de monseñor José Manuel Garita Herrera, Obispo de Ciudad Quesada, presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECR) tras la reunión con los representantes de algunas instituciones del Estado, invitados por el episcopado, para manifestar sus preocupaciones frente a las tensiones sociales y la crisis que vive el país y avanzar en un diálogo sobre el camino a seguir  para superarlas.

“Queremos reiterar una vez más el llamado al Presidente al diálogo franco, directo, transparente, único, multisectorial que conduzca a resultados concretos, un diálogo fructífero que vaya en beneficio del bien común de todo el país”, son las palabras de monseñor Garita entrevistado tras la reunión. Al respecto, agregó que también piden al presidente Carlos Alvarado que explique al país cuál es la idea o estrategia del diálogo propuesto por el gobierno y hacia dónde se quiere conducir esta experiencia para lograr los resultados que se necesitan  en beneficio de todos, pues está en juego el bien común.

A la reunión, realizada el pasado viernes en la sede de la CECR, asistieron el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank Smith; la contralor general de la República, Marta Acosta Zúñiga; y la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo. A la misma estaban invitados también el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el procurador general de la República, que según explica el comunicado del episcopado, se excusaron por no poder asistir.

“El momento crítico actual de nuestro país – dice el comunicado – nos preocupa altamente, pues las tensiones se han agudizado y el grado de polarización es extremo, lo cual impide la convivencia social”. La declaración responde a los acontecimientos que a principios de mes llevaron a las protestas encabezadas por el  Movimiento Rescate Nacional, juntos a la Asociación de empleados públicos y privados y varios sindicatos con manifestaciones y enfrentamientos en las calles y bloqueos de carreteras. Entre las demandas de los manifestantes están el rechazo a más cargas tributarias como las propuestas por el Gobierno para el Convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que no se vendan activos del Estado y la efectiva renuncia de altos jerarcas del gobierno.

Ante los acontecimientos, el pasado 2 de octubre, la  exhortó a los manifestantes a acoger un proceso de diálogo con las representaciones del Gobierno y a levantar bloqueos en carreteras, con el compromiso de la mediación de la Iglesia. Una propuesta aceptada tanto por el gobierno como por los grupos sociales.

Tras reafirmar que la Iglesia ha sido un actor social que ha acompañado y acompaña el camino de desarrollo de la nación, el comunicado reafirma que los obispos de la Conferencia episcopal creen en la  institucionalidad del Estado y la defienden, pero también están conscientes de que la única vía para evitar una confrontación mayor, que puede agravar la crisis económica, social, sanitaria y política del país, es atender a un gran proceso nacional de concertación que conduzca a un gran pacto social.

Por su parte, el presidente Alvarado anunció, anoche, en cadena nacional, la conformación de una mesa multisectorial en la que a partir del 17 de octubre se buscarán soluciones a los problemas fiscales y económicos del país, que se han agravado por la pandemia de la COVID-19. El establecimiento de la mesa de diálogo estará a cargo del Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores de las universidades, la misma trabajará durante cuatro semanas en la búsqueda de soluciones a los problemas fiscales del país, y en una segunda etapa atenderá los temas de crecimiento económico y empleo.