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Tal como se lee en la página web de la Conferencia Episcopal de Colombia, concluyó el ciclo formativo virtual durante el que se reflexionó, desde una mirada espiritual y eclesial, sobre las principales problemáticas sociales y ambientales que afectan a la región amazónica.

Defensa del territorio

En el foro titulado “Opinión pública en defensa del territorio” participó el Pastor Édgar Castaño, Presidente de la Confederación Evangélica de Colombia y miembro de la Iniciativa Interreligiosa de Colombia- IRI, quien brindó una reflexión como parte de la apertura de ese espacio exponiendo uno de los deseos que el Papa Francisco dejó plasmado en la Exhortación Apostólica Postsinodal , en que afirma que sueña con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, donde la voz sea escuchada y la dignidad promovida. Y, de hecho, observó:

Sueño eclesial del Papa Francisco

Con respecto al sueño eclesial del Santo Padre Francisco, la Hermana Liliana Franco, Presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, CLAR, dijo:

Por su parte, Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social / Cáritas Colombiana, fue el encargado de dar respuesta al interrogante: ¿Qué es necesario que las comunidades de la Iglesia católica, otras confesiones de fe y los pueblos indígenas tomen en cuenta para generar incidencia e impactos en la opinión pública en los procesos de defensa del territorio?

Ante esta pregunta, que hace referencia principalmente a los proyectos extractivistas o de minería que afectan la vida, el ecosistema y que, en muchas ocasiones, no son transparentes en sus procesos, Monseñor Henao Gaviria aseguró:

Derechos de las comunidades

Y añadió que se debe analizar el tema de derechos de las comunidades desde la equidad en el acceso a los servicios públicos, la salud y a los recursos naturales.

Para Monseñor Henao Gaviria, cuando se habla de incidencia se debe ser transparente en lo que se está proponiendo, ser humildes y capaces de evaluar y rendir cuenta de lo que va logrando colectivamente, además, saber escuchar aun cuando hay diferencias, ya que esto brinda distintas perspectivas y capacidades de entendernos los unos con los otros; a la vez que ratificó:

Políticas contradictorias

Además, Margarita Flórez, abogada, activista ambiental, investigadora en políticas socio ambientales y Directora de la Asociación Ambiente y Sociedad, enfocó su intervención en tres puntos claves: múltiples y contradictorias políticas, información y participación ambiental, incidencia e impactos.

De acuerdo a esto, explicó que en esta región del país hay una titulación de tierras pendientes que causa inseguridad jurídica porque nadie se hace responsable del territorio, lo que no solo contribuye al desorden sino también a la deforestación y el acaparamiento de tierras. De ahí que haya advertido: “La combinación de políticas extractivas, es decir, que el Estado central se abogue en absoluto derecho de decir en dónde van las minas y pozos petroleros, nos parece que fue solucionado por una sentencia que dijo que había que hacerse una ley de coordinación y concurrencia, pero esa ley no se ha expedido. Esto ratifica que hay inseguridad jurídica, hay fronteras borrosas que no permiten un escenario claro de exigencia de derechos”. E indicó que, aunque existen unos compromisos climáticos ejecutados a nivel regional, no tienen una inserción real en las poblaciones amazónicas.

Relación de los indígenas con la naturaleza

Por otro lado, Mateo Estrada, indígena del pueblo Siriano del Vaupés, integrante de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, experto en temas de territorio y medio ambiente, aseguró que cada uno de los pueblos indígenas del Amazonas tiene una relación cerca y distinta con la naturaleza, viviendo la espiritualidad desde aquello que los rodea.

Y en el marco de esa conexión hombre-medio ambiente, el experto indígena aseguró: “Hemos ido construyendo nuestra figura organizativa a partir de unos líderes espirituales y también sociales que existen en cada pueblo. Nos hemos ido transformando en el trascurso del tiempo. En los últimos 30 años nos hemos fortalecido mucho más a través de Organizaciones regionales con el objetivo de sentarnos a dialogar con los tres actores: el Estado, las empresas privadas y las ONG”.

También puntualizó: “Nosotros los pueblos indígenas tenemos nuestras normas que son igual de válidas, existen y se practican, poco a poco el Gobierno ha ido reconociendo esas figuras nuestras, porque Colombia tiene un sinnúmero de normas a favor de los pueblos indígenas pero que no las aplican. En este sentido, nuestra incidencia con el Gobierno es directa, nosotros no queremos normas escritas, sino aplicadas, que vivan entre nosotros, que caminen las montañas y ríos, que atienda la salud, educación, medio ambiente y vivienda”.