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Isabella Piro - Ciudad del Vaticano

Se hacen públicos hoy los resultados preliminares del referéndum celebrado el pasado 17 de octubre en Nueva Zelanda sobre la Ley de Elección del Fin de la Vida 2019 (Eolc). Una vez en vigor, en 2021, será posible la eutanasia para las personas, de 18 años o más, que padezcan una enfermedad terminal o que se considere que tienen seis meses o menos, y que se encuentren en un estado avanzado de deterioro irreversible, experimentando -según la ley- "un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado de una manera que el paciente considere tolerable". Los resultados oficiales finales del referéndum se anunciarán el próximo 6 de noviembre, pero de los resultados preliminares surge la mayoría del voto positivo.

Inmediata fue la reacción de la Iglesia Católica local, que había luchado durante mucho tiempo contra la aprobación de la legislación: en una nota, el Dr. John Kleinsman, director del "Centro de Bioética Nathaniel", perteneciente a la Conferencia Episcopal local, subraya cómo la Eolc "pone a las personas vulnerables en dificultades y en peligro" porque "la presencia de la opción de la eutanasia ejercerá presión sobre muchos enfermos y sus familias".

No sólo: la legalización de la muerte asistida "tendrá un enorme impacto en todos aquellos que trabajan con moribundos que los cuidan, es decir, médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, capellanes, sacerdotes y ministros laicos". El Dr. Kleinsman también se refiere al hecho de que "con la aprobación de este referéndum, Nueva Zelanda ha pasado un punto de no retorno" porque "la ley no afectará a unos pocos casos, los más difíciles", sino que "facilitará a cualquiera con un diagnóstico de enfermedad terminal la elección de la eutanasia". De hecho, la legislación "no requiere cuidados paliativos, no exige requisitos específicos para los testigos y carece de procedimientos eficaces para detectar si las personas desean optar por la muerte asistida debido a la presión externa o a la sensación de ser una carga para otros". 

Este resultado, continúa el Director del "Centro Nathaniel de Bioética", "va en contra de la tendencia de la opinión pública mundial, ya que 33 jurisdicciones de todo el mundo han rechazado leyes similares en los últimos cinco años, entre ellas el Reino Unido y Escocia, debido a los riesgos que corren las personas vulnerables". El médico concluye: "Sólo será cuestión de tiempo que nuestros parlamentarios se vean impulsados a ampliar aún más la ley, como ha sucedido en otros países. Esta legislación nos pone en un camino muy peligroso y estamos sólo al principio".