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La batalla de la Iglesia de El Salvador y numerosas instituciones del país por incluir el derecho humano al agua y al saneamiento no da tregua. El Arzobispo de San Salvador, mons. José Luis Escobar Alas, representantes de Cáritas de El Salvador, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), junto a representantes de diversos sectores sociales, participaron, ayer, en la reunión de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa para pedir, por enésima vez, que se apruebe la reforma del artículo 2 de la Constitución de manera que se reconozca el Derecho humano al agua y al saneamiento.

Está en juego la vida

"Esta es una necesidad verdaderamente importante, es un elemento fundamental, es la vida de las personas lo que está en juego, su salud, el saneamiento es salud y, por tanto, es vida", dijo monseñor Escobar en su intervención ante los diputados de la comisión. La Iglesia católica acompaña, desde hace años, la petición que hacen diversas organizaciones en representación de la sociedad salvadoreña que solicitan a la Asamblea Legislativa el reconocimiento al derecho humano al agua y al saneamiento.

Derecho al agua y al saneamiento

La reunión encabezada por la Alianza por la Reforma Constitucional por el Derecho humano al agua pide al Estado garantizar este derecho a todos los salvadoreños y es un deber que los legisladores tienen con el pueblo que les ha elegido. Esta petición se hace al cumplirse diez años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento.

Ante una situación endémica de desabastecimiento de agua potable, sobre todo, en el área metropolitana de San Salvador, desde hace más de 14 años se discute en la Asamblea Legislativa, la aprobación de una normativa que regule el derecho humano al agua y las obligaciones del Estado para abastecer a la población.

Una legislación especial

A pesar de que El Salvador cuenta con una buena oferta hídrica, la falta de protección de cuencas hidrográficas, la mala distribución de los bienes hídricos, los daños ambientales causados por la explotación indiscriminada de los recursos naturales, la construcción abusiva y la falta de una legislación y cultura de la escasez, no permiten un acceso al agua equitativo y suficiente para toda la población. De allí la necesidad de crear una legislación especial, que esté por encima de cualquier administración pública o de cualquier interés privado, que lleve a la comercialización, control o depauperación de un recurso indispensable para la vida.