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Anna Poce – Ciudad del Vaticano

Monseñor Héctor Vargas Bastidas, obispo de Temuco, el domingo 26 de julio, en una columna publicada en el Diario Austral de La Araucanía - se lee en el sitio web de la Conferencia Episcopal -, expresó toda su preocupación "la persona de los mapuche que, desde hace más de dos meses, se encuentran en huelga de hambre", y pidió a las autoridades que se hagan cargo de las cuestiones que dieron lugar a esta acción. Los nueve exponentes del pueblo mapuche comenzaron su protesta el 4 de mayo, asegurando que quieren llevarla a "consecuencias extremas". Desde en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu, reclaman derechos sobre la tierra de sus antepasados y se consideran presos políticos.

La Iglesia rechaza cuanto atenta contra la vida, sostiene el prelado, subrayando que es conocida es su postura respecto de las graves violaciones a los derechos humanos e injusticias “que claman al Cielo”, el aborto y la eutanasia, el maltrato a los adultos mayores, el odio, la violencia y el terrorismo, el racismo, la exclusión y discriminaciones, la trata de personas, los abusos de poder, conciencia y sexuales en contra de la mujer y menores de edad, hasta el punto de que “la propia Iglesia ha debido pedir perdón por la condenable conducta de algunos de sus ministros en estos”.

A la luz de todo esto,  y  "en coherencia con estos valores", Monseñor Vargas Bastidas manifestó su "gran preocupación por la persona de los mapuche que, desde hace más de dos meses, se encuentran en huelga de hambre, poniendo en grave riesgo su salud y vida". Les pedimos encarecidamente - continuó - evaluar nuevos caminos a esta medida de presión que, si bien pacífica, es al mismo tiempo extrema, porque en ella que se tensionan valores esenciales del individuo, como la vida y la libertad, contenidos ambos en el núcleo mismo de la dignidad humana.

Lo anterior exige, desde la mirada del obispo "que las autoridades puedan hacerse cargo de los temas de fondo que subyacen a esta delicada acción. Nos referimos a una política de Estado, fruto de una clara voluntad política transversal, que, a la luz de los tratados firmados por Chile, la evidencia internacional al respecto y acciones concretas, pueda, de una vez por todas, avanzar decidida y eficazmente en los temas pendientes con sus pueblos indígenas, desde sus fundamentos éticos esenciales hasta su dimensión jurídica y constitucional".

A continuación, invitó "a la Región, a sus diversos líderes, a que más allá de lo que el Estado haga, asumamos nuestra propia responsabilidad, mediante instancias de diálogo real y fecundo, sin exclusiones, derribando desconfianzas y prejuicios, suscitando un clima que permita volver a escucharnos y compartir los grandes anhelos de todos, y desde allí buscar fórmulas que permitan ayudarnos mutuamente".