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Roberta Barbi 鈥� Ciudad del Vaticano

Una demanda presentada esta semana ante la Corte Suprema de Brasil pide al gobierno que tome medidas más urgentes y efectivas para proteger a los pueblos indígenas de la actual pandemia de Covid-19 según informa el sitio web de la Conferencia Episcopal brasileña. El COVID-19, cuya epidemia está creciendo en Brasil, donde ya ha superado el umbral de 60 mil muertos según datos publicados ayer, ya está llegando a las Tierras Indígenas en todo el país, infectando al menos a 9.414 indígenas, entre los que se cuentan 380 fallecidos.

La acción legal es promovida por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), con el objetivo de obligar al gobierno a implementar un plan de emergencia para proteger especialmente a las poblaciones más aisladas, que no tienen contacto con otras poblaciones tanto indígenas como no indígenas y que son particularmente vulnerables al virus.

Un informe elaborado por el Instituto Socioambiental, que apoyó la acción judicial, muestra el avance de las invasiones de tierras indígenas durante la pandemia: el estudio advierte de la posibilidad de un aumento de estas invasiones en el segundo semestre del año, fenómeno que ya ha registrado una tendencia en los últimos años, y que se han intensificado durante la pandemia. La situación es crítica, ya que los invasores circulan constantemente entre las ciudades y pueden actuar como vehículo de infección del virus en estos territorios.

Algunos de los 31 territorios indígenas, en particular, experimentan una situación dramática: es el caso de Uru-Eu-Wau-Wau. Según los datos facilitados, la deforestación en este lugar a principios de 2020 ya era mayor que en el mismo período del año anterior, y el pasado mes de abril, un dirigente de los Uru-Eu-Wau-Wau fue asesinado en su propia tierra: "La propagación del coronavirus entre los indios aislados de los Uru-Eu-Wau-Wau representa un riesgo real de exterminio masivo de estos grupos. Por esta razón, es urgente que el Estado brasileño elimine a los invasores", subraya el informe.

La acción judicial también exige la retirada de los invasores de las Tierras Indígenas Yanomami, Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, Kayapó, Araribóia, Munduruku y Trincheira Bacajá, que se encuentran entre las más afectadas de la Amazonia brasileña. El informe también pide que todos los pueblos indígenas reciban asistencia del Sesai, un sistema de salud indígena vinculado al Sistema Único de Salud de Brasil: desde el comienzo de la pandemia, sólo los indígenas que viven en las aldeas han recibido asistencia especial, mientras que los que viven en las ciudades luchan por obtener tratamiento; aquí se ignoran las demandas específicas de estas personas, lo que va en contra de los derechos constitucionales de los indígenas brasileños.

Entre las demandas también se encuentra la aplicación urgente de un plan para hacer frente al Covid-19 en las tierras indígenas, creado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con la asistencia de la Fundación Oswaldo Cruz, Abrasco y representantes de los pueblos indígenas y los consejos de salud indígenas de los distritos. Hasta ahora, de hecho, está claro a partir de los datos diarios que no se ha hecho lo suficiente, teniendo en cuenta también los hábitos culturales de los pueblos indígenas, como compartir casas y utensilios, que dificultan la contención del virus entre el grupo en caso de contaminación. Además, la mayoría de ellos viven en regiones alejadas de los grandes centros urbanos y no tienen acceso a los hospitales ni al equipo esencial para el tratamiento del Covid-19, como los respiradores.