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Lisa Zengarini - Ciudad del Vaticano

En Filipinas, la movilización de la Iglesia continúa contra el proyecto de ley de la Cámara de Representantes No. 6875, la nueva ley antiterrorista acaba de ser aprobada por el Parlamento, a pesar de las protestas. La medida, que endurece la Ley de Seguridad Humana de 2007, está ahora a la espera de la firma del Presidente Rodrigo Duterte, partidario de la reforma.

Preocupa especialmente a sus oponentes la definición vaga y amplia de terrorismo, que podría utilizarse para atacar la disidencia y pisotear los derechos humanos y las libertades civiles; la posibilidad de detener a los ciudadanos sin una orden judicial y de retenerlos hasta 24 días por orden de un nuevo órgano, el "Consejo de Lucha contra el Terrorismo" (ATC); el debilitamiento de la separación de poderes; la ampliación de la vigilancia de los ciudadanos y la abolición de las reparaciones para los detenidos por cargos falsos, con el aumento del riesgo de abuso por parte de las fuerzas policiales. 

La Iglesias cristianas se han expresado en este sentido, en los últimos días, en una declaración conjunta firmada, entre otros, por Monseñor Broderick Pabillo, de Manila, y la Asociación de Superiores Mayores de Filipinas (Amrsp).

A sus voces se añadió la de la Asociación Nacional para la Educación Católica (Ceap). En una declaración, el organismo, que reúne a 1.500 instituciones educativas católicas del país, define la ley como "problemática" debido a las numerosas normas "controvertidas" que contiene. Entre ellas figuran, además de las ya denunciadas por los dirigentes cristianos y el Amrsp, la norma que prevé la colaboración del Departamento de Educación (DepEd) y la Comisión de Educación Superior (CHEd) con el nuevo Consejo de Lucha contra el Terrorismo. Esta última disposición - denuncia el Ceap - daría a los dos órganos estatales la facultad de obtener información confidencial de las escuelas e interferir en sus actividades académicas. Por lo tanto, representa una grave amenaza para la libertad de enseñanza y de expresión garantizada por la Constitución.

De ahí el llamamiento a Duterte para que no firme la ley: "Rezamos para que el Presidente preste atención a los gritos de nuestro pueblo que lucha contra la pandemia y vete este texto. Escuchar las diversas preocupaciones planteadas nos permitirá trabajar juntos para elaborar una nueva ley que combata eficazmente el terrorismo sin pisotear los derechos constitucionales", concluyó la declaración.