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Ciudad del Vaticano

En un editorial publicado el 2 de marzo, el cardenal de Toronto Thomas Collins condenó los cambios propuestos a las leyes de Asistencia Médica para Morir (MAiD), diciendo que el país está adoptando la "muerte a pedido" en sus leyes de atención médica.

Preocupación por cambios de ley C-7

El cardenal Collins utilizó la columna del Toronto Star para denunciar el proyecto de ley C-7, que eliminaría las salvaguardias y ampliaría los criterios de elegibilidad para la MAiD. El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de los Comunes la semana pasada y, si se aprueba, creará directivas anticipadas para permitir que los pacientes autoricen la eutanasia por adelantado y permitir que aquellos que no tienen una enfermedad terminal reciban una muerte administrada por un médico.

"La medicación para el dolor y otros recursos y procedimientos pueden ser usados efectivamente para asistir médicamente a las personas que están muriendo", dijo el cardenal Collins. "Pero eso no es lo que implica el MAiD: significa dar una inyección letal a las personas que no están muriendo, para que mueran".

"En virtud de esta legislación, cualquier enfermedad, dolencia o incapacidad grave e incurable haría a una persona elegible para la eutanasia", dijo el cardenal.

El proyecto de ley C-7 también eliminaría el período de espera de 10 días entre la aprobación de una muerte asistida y la recepción de los medicamentos para aquellos que tienen una condición que causaría una muerte "razonablemente previsible".

"Este es un nuevo capítulo de la muerte por demanda", dijo. "El Canadá ha dejado de lado las restricciones a un ritmo mucho más rápido que cualquier otra jurisdicción del mundo que haya legalizado la eutanasia".

Cuando el suicidio asistido se convirtió en ley por primera vez en 2016, Ottawa prometió hacer una revisión "exhaustiva" antes de introducir nueva legislación. Esto no ocurrió, dijo el cardenal Collins. El proyecto de ley C-7 se presentó en respuesta a una decisión del Tribunal Superior de Quebec de septiembre de 2019 que determinó que la estipulación de "muerte razonablemente previsible" era una violación de los derechos humanos. El gobierno canadiense dijo que no apelaría esa decisión.

Falta voluntad política para impulsar más cuidados paliativos

El cardenal Collins también condenó la falta de servicios de cuidados paliativos ampliamente disponibles y cuestionó por qué no había "voluntad política de impulsar los cuidados paliativos para todos los canadienses".

Alrededor de un tercio de los canadienses tienen acceso a cuidados paliativos, pero las muertes con asistencia médica están garantizadas, ampliamente disponibles y plenamente financiadas por la ley.

"Si todos los canadienses tuviesen acceso a cuidados paliativos de calidad, serían menos los que buscarían la inyección letal. En lugar de desarrollar una cultura general de atención, nos estamos precipitando hacia la muerte por demanda", dijo el cardenal. "Los mismos doctores que están tratando de cuidar a sus pacientes ahora serán llamados a aprobar la eutanasia para ellos".

Los médicos pueden negarse a administrar una muerte asistida, pero deben remitir los pacientes a un médico dispuesto a hacerlo.

Los enfermos, los ancianos y los discapacitados "necesitan una vida asistida, no una muerte asistida", dijo el cardenal Collins. "Nunca deben ser vistos como una carga para nuestra sociedad". Escribió que le preocupa que estas poblaciones vulnerables, al haberse convertido repentinamente en elegibles para la muerte asistida, "puedan verse presionadas, ya sea por la familia, los amigos o incluso por sus propios profesionales de la salud, para 'aliviar su carga' y poner fin a sus vidas".

Para combatir esta mentalidad, escribió Collins, es imperativo que los canadienses "fomenten una cultura de cuidado y amor mutuo" y se esfuercen por acompañar a los amigos, la familia "e incluso a los extraños... reconociendo la dignidad inherente a toda persona".

Opinión de los obispos canadienses

La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos emitió una declaración el 26 de febrero expresando "la mayor preocupación y consternación" por el proyecto de ley C-7, diciendo que pone en peligro a aquellos que firman directivas anticipadas, pero cambian de opinión en una fecha posterior. "Si desde entonces su capacidad de comunicación se ha visto afectada, (se) dejaría que expresaran su negativa con "palabras, sonidos y gestos potencialmente vagos", decía la declaración, citando el lenguaje de la legislación propuesta.

La CCCB  (La Conferencia de obispos canadienses, por sus siglas en inglés) dijo que el gobierno está ignorando las preocupaciones de más de 65 organizaciones de defensa de los discapacitados en el Canadá y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y está "avanzando imprudentemente para enmendar el Código Penal a fin de dar cabida al fallo del Tribunal Superior (de Quebec)".

Los obispos también condenaron la consulta del gobierno sobre la ley existente, calificándola de "encuesta en línea altamente cuestionable, sesgada y apresurada" durante dos semanas en enero. Las preguntas de la encuesta "presuponían el acuerdo con la eutanasia y el suicidio asistido, incluida su ampliación, sin dar a los canadienses que se oponen una voz igualitaria".

 En la declaración también se decía que la encuesta, que recibió casi 300.000 respuestas, "lamentablemente no pedía datos demográficos detallados y esenciales de los participantes (edad, sexo, etnia, discapacidad, etc.), por lo que la encuesta en línea no puede pretender representar un 'amplio espectro' de la población canadiense, como se ha afirmado.

Cuestionan encuesta en línea. No consultó a todos los interesados

La "defectuosa" encuesta en línea también excluyó a los hogares sin Internet, los que viven en comunidades remotas, los ancianos, así como los que tienen problemas de visión, cognitivos y de movilidad, mientras que las "consultas de mesa redonda" de enero y febrero excluyeron a algunos de los principales interesados.

"El Gobierno ha puesto efectivamente en cortocircuito la evaluación obligatoria de la eutanasia y el suicidio asistido en el Canadá, según lo dispuesto en la Ley original de 17 de junio de 2016 para enmendar el Código Penal, en la que se pedía específicamente "un examen parlamentario de las disposiciones [de la Ley] y del estado de los cuidados paliativos en el Canadá que comience al inicio del quinto año siguiente al día en que [la Ley] reciba la sanción real".

Los obispos recordaron al gobierno la política de larga data de la Asociación Médica Mundial de oposición a la eutanasia y al suicidio asistido por médicos y pidieron al gobierno que remitiera el proyecto de ley C-7 a un comité para que lo examinara detalladamente antes de la segunda lectura, a fin de escuchar a expertos y a una amplia gama de voces.

La declaración concluyó con un llamamiento a los canadienses para que hicieran oír su voz y a los miembros del Parlamento para que "reconocieran el don de la vida como un derecho inalienable que no debe ser arrebatado por otros, la importancia de la compasión por los enfermos y los moribundos, así como nuestra responsabilidad de proteger a los más vulnerables de entre nosotros". (Fuente: CNA)