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Alina Tufani - Ciudad del Vaticano

El documento presentado ayer por Cáritas Europa destaca que los procedimientos legales, las trabas burocráticas y la falta de información comprensible son las principales barreras a las que se enfrentan las personas y sectores más vulnerables a la hora de intentar acceder a los servicios básicos y constituyen un círculo vicioso que les condena a la pobreza y la exclusión.

Informe de Caritas sobre el Día Mundial de la Justicia Social

El estudio de Caritas Europa se inspiró en el tema propuesto por la ONU para celebrar ayer, como cada 20 de febrero, el Día Mundial de la Justicia Social 2020: "Cerrar la brecha de la desigualdad para lograr la justicia social". Con ese fin, el informe se centró en la disponibilidad, accesibilidad y adecuación de los servicios para las personas en situación de pobreza, así como en la promoción de la inclusión social en los países europeos. En particular, cada Cáritas nacional estudió y analizó el acceso a tres servicios comunes a todos, como el empleo, las políticas de vivienda, la educación y los servicios de atención a la primera infancia.

Disminución de las tasas de natalidad y envejecimiento de la población

Según el estudio, los Estados miembros de la Unión Europea se enfrentan a enormes cambios demográficos que tienen un fuerte impacto en los contextos socioeconómicos de cada país y, por lo tanto, en el acceso a los servicios sociales. Los factores comunes a todos ellos son la disminución de las tasas de natalidad y el envejecimiento de la población, pero también, en diversos grados, las corrientes migratorias y la disminución o emigración de la población en edad de trabajar.

Los pobres tienen más dificultades para acceder a los servicios

En general, el acceso a los servicios básicos no se ha adaptado a las necesidades específicas de las personas con dificultades, porque se dirige a grupos concretos de la población, pero se excluyen grupos como los desempleados o inactivos, las personas poco calificadas, las personas sin hogar, los discapacitados, las personas con problemas de adicción, los solicitantes de asilo o los migrantes, entre otros. "Las personas que viven en la pobreza -dice el informe- tienen más dificultades para acceder a los servicios que el ciudadano medio y, cuando lo hacen, el apoyo prestado por el servicio es menos útil porque la oferta está normalizada y orientada al ciudadano medio".

Recomendaciones para hacer frente a los desafíos

Asimismo, en el informe Care 2019 se formulan varias recomendaciones para que la Unión Europea aborde esos problemas y aumente la oferta de servicios, incluso para los miembros más desfavorecidos. Entre ellas figuran la creación de empleos de calidad, la garantía de apoyo a las familias, el establecimiento de un ingreso o salario mínimo y el fin de la discriminación. "El avance hacia el acceso universal a los servicios es vital para ayudar a las personas a salir de la pobreza", concluye el informe.