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Ciudad del Vaticano

“Reafirmamos que todas las personas en los Estados Unidos deben ser contadas en el censo, sin importar su estatus migratorio", continúa la nota, "y reiteramos nuestro juicio de que las preguntas sobre la ciudadanía no deben ser incluidas en el censo. Esperamos que esta visión prevalezca, tanto a través de la acción administrativa como de la determinación judicial.

Garantizar un censo justo

Los obispos comentan sobre la decisión de la semana pasada del Tribunal de los Estados Unidos en el Departamento de Comercio de Nueva York sobre la importancia de asegurar un conteo exacto de la población de los Estados Unidos para el próximo censo. En los últimos meses, la administración Trump ya había decidido incorporar una cuestión de ciudadanía para identificar a las comunidades inmigrantes y latinas. El sitio web oficial del gobierno dice que "el censo puede dar forma a muchos aspectos diferentes de su comunidad" y cita hospitales, bomberos, escuelas, carreteras y autopistas. "Cada año, los resultados ayudan a determinar cómo se distribuyen más de $675 mil millones de fondos federales a los estados y las comunidades. También está establecido en la Constitución: Estados Unidos ha tenido su propia población cada 10 años desde 1790.       

Preocupaciones sobre los procedimientos      

La nueva disposición parece ir en contra del primer propósito del censo: contar precisamente toda la población que vive en los Estados Unidos. Entrar en la cuestión de la ciudadanía no sólo excluye a los grupos de migrantes o residentes no ciudadanos, sino que al final puede conducir a datos completamente erróneos que son decisivos para la asignación de fondos para la atención de la salud, la educación y otros programas sociales, que dependen de los resultados del censo. Incluso puede distorsionar el número de congresistas que son elegidos sobre la base de la población de un estado.

“Cierren los campos” es el grito en decenas de ciudades de Estados Unidos

Miles de personas se han reunido en diversas ciudades del país para exigir el cierre de los centros para menores migrantes. La protesta se da en medio de múltiples denuncias de que los locales no están dotados de los recursos básicos para atender a los menores: no pueden dormir, bañarse o tomar agua, por ejemplo.  Esta realidad ha sido planteada por tanto por inspecciones oficiales realizadas a centros de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Aduanas.

Los manifestantes también insisten en pedir que no se separen a los menores de sus familias. Consideran esta política un abuso contra los derechos de los menores.