蜜桃交友

Manuel Cubías – Ciudad del Vaticano

sindicatos y organizaciones ciudadanas llevan más de doce años exigiendo al Estado salvadoreño la aprobación de una ley general de aguas. La propuesta exige que el ente rector del recurso hídrico sea solo el Estado. Está por aprobarse una ley que depositaría esta potestad en la empresa privada.

Movilización ciudadana

La movilización ciudadana contra una ley que posibilite la privatización de la gestión del agua no es una ocurrencia reciente, ni un capricho, ni una cortina de humo, ni fruto de algún tipo de confusión o malinterpretación. Estamos a las puertas de que sea una realidad.

El partido ARENA, la empresa privada (ANEP) y otros grupos que representan empresas de bebidas, sobre todo, afirman que ellos no quieren privatizar el agua y que aceptan reconocer el agua como un derecho humano. Hoy la discusión no se centra en estos dos principios, sino en quién conformará el ente rector que administrará este recurso. Quien administre el recurso decidirá a quién y en qué términos se concederá su explotación.

La Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó esta semana, sin los votos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que el ente rector del agua y que está dentro de la propuesta de ley del tema, sea conformada en su mayoría por entidades que representan al interés privado.

Privatizar el agua es traicionar al pueblo

El Arzobispo de San Salvador hizo un llamamiento a la Asamblea Legislativa: “Hacemos un llamado a la Asamblea, al pleno para que no aprueben ese proyecto de ley, aunque haya sido aprobado por la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático”. Hace un año, la también hizo el mismo llamado.

El jerarca insistió: “que no la aprueben porque sería una traición al pueblo. Privatizarle el agua al pueblo es una actitud ingrata y no tiene nombre. El pueblo ha puesto su confianza en los diputados y espera que defiendan los intereses del pueblo”.

La sociedad civil salvadoreña, a través de la Iglesia y de algunas universidades, le exige al Estado que tenga una visión del agua como un bien público y que renuncie a considerarla un bien económico, una mercancía. Si la empresa privada acapara el poder de decisión en el ente rector, decir que no se privatizará el agua pero permitir que privados decidan su destino es una contradicción; una contradicción que nace de un claro afán de rapiña.

Este país centroamericano, al igual que sus vecinos, vive una crisis hídrica, sin embargo, estudios muestran que es el país con más estrés hídrico y la situación afecta a uno de cada cuatro salvadoreños.

Agua y desigualdad social

afirma que “los pobres son quienes acostumbran a beber agua contaminada de fuentes naturales. Y añade, “Cuando la industria a gran escala se encuentra cerca de comunidades pobres o con ingresos más bajos, la sobreexplotación del agua de acuíferos subterráneos deja a esas comunidades sin recursos hídricos apropiados”.

McKinley afirma que se debe a que, históricamente, los desequilibrios de poder en la toma de decisiones han dado prioridad en el uso del agua a las «grandes empresas», como plantaciones industriales, empresas mineras, promotoras de viviendas de lujo y empresas de embotellado.