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Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano

El camino sinodal que lleva al encuentro de los Presidentes de los episcopados del mundo con el Romano Pontífice comenzó en el mes de noviembre con la Institución del Comité organizativo y la fase de consultación. Mucho antes, bajo el pontificado de Francisco, nacía la idea de una Comisión de expertos que actuase como un órgano asesor del Santo Padre para la protección de los menores y adultos vulnerables en el Consejo de Cardenales de diciembre de 2013, instituida luego en 2014 por el Papa Francisco. Cabe recordar en grandes rasgos el camino de la Iglesia iniciado mucho antes aun: en el "inmediato" pasado, la de Benedicto XVI al Motu proprio de San Juan Pablo II sobre los delicta graviora, que a su vez encuentra su raíz en el del Derecho Canónico. Y, en el inmediato presente, la Carta Apostólica en forma de Motu proprio , del Papa Francisco.

En el camino que ha llevado a este encuentro en el Vaticano, una de las tareas de la , ha sido la de promover la responsabilidad local en las Iglesias particulares para la protección de todos los niños, jóvenes y adultos vulnerables. Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, Auxiliar de Bogotá y miembro de dicha comisión, explica los trabajos en esta América Latina y el Caribe:

R.- En la gran mayoría de las conferencias episcopales de Latinoamérica, de Centroamérica y el Caribe, el tema se ha estado hablando, me parece a mí con el debido tino y la prioridad que se amerita. Varias conferencias episcopales nacionales han creado, sobre todo en estos últimos cinco años, las Comisiones Nacionales. Puedo mencionar por  ejemplo la Conferencia Episcopal de México, la de Chile, la de Argentina, la de Paraguay y la de Colombia. En México, por ejemplo, ya están formando las Comisiones de Protección de menores de edad a nivel regional, y la iniciativa de la Universidad Pontificia de México con su centro investigación y formación interdisciplinar propone una iniciativa muy interesante que favorece a toda la región. Otras conferencias, como la de Brasil, han nombrado un obispo responsable a nivel nacional - como tantas otras - y también varias diócesis locales ya tienen sus Líneas Guía y las están implementando con todas sus iniciativas pastorales. Tenemos reseña de varias iglesias locales que han abierto sus oficinas para el Buen Trato, es la realidad que estamos viviendo por ejemplo en Colombia. Puedo mencionar que en la Arquidiócesis de Cali y en la de Bogotá ya tenemos nuestras oficinas con el personal que trabaja en ellas y que promueven la Cultura del Buen Trato.

Uno de los puntos fundamentales en el encuentro será aquel relacionado con la transparencia. Según usted, ¿cuál es la justa medida para no producir una “re victimización” a los supervivientes?

R.- Cuando trabajamos con víctimas es necesario que se den cuatro puntos que son fundamentales para su proceso, declaración y su crecimiento interior. La justicia, la verdad, la reparación integral y la no repetición. Es necesario que se conozcan estas situaciones. En muchos casos las víctimas nos piden que sean conocidos los perpetradores creíbles, y en ese caso, nosotros tenemos una responsabilidad de transparencia no solamente con ellos, sino también con la sociedad civil. Los países latinoamericanos reportan un índice muy alto de violencia sexual contra niños, contra niñas y adolescentes, y por ese motivo reportar esos casos en cada uno de nuestros países es algo fundamental, precisamente para que no sigan ocurriendo. Para nadie es un misterio que en muchos de nuestros países latinoamericanos en la trata de personas y el turismo sexual están implicados menores de edad, y es muy importante esa transparencia en todas esas situaciones. Acontece también dentro de la Iglesia: en la Iglesia necesitamos esa transparencia y esa verdad exigida por las víctimas, pero además, por nuestra responsabilidad moral como Institución que es abanderada en todos los proyectos e iniciativas morales en la región.

Ahora bien, esta transparencia tiene que ser con los debidos procesos y evitando precisamente la re victimización. Es decir transparencia sí pero con responsabilidad y también teniendo en cuenta qué es lo mejor para las víctimas. Hay algunas situaciones en las cuales es necesario ser muy agudos y discernir muy bien si la revelación de una de estas situaciones, y especialmente la revelación de algunos agresores, no afecta el proceso de sanación de las víctimas.

¿Qué dice el Derecho Canónico sobre la pedofilia y el abuso sexual de menores por parte de un miembro del clero?

R.- El Derecho Canónico solamente tiene un canon: el famoso canon 1395 donde se penaliza cualquier situación que afecte el sextum (sexto mandamiento, ndr) especialmente contra menores -  dice específicamente este cánon - de 16 años. Esa es la razón por la cual san Juan Pablo II nos presenta su Motu Propio Sacramentorum Sanctitatis utela, donde señala cómo vamos a trabajar todos esos casos de delicta graviora. Fue necesario ampliar un poco esta visión. Y fue necesario que el Papa Benedicto XVI realizara una enmienda de este Motu Propio, en el año 2010,  con lo cual aparece una implementación, una actualización y explicitación de lo que son esos , especialmente para que se aclare y se amplíe el canon 1395. Allí ya no estamos hablando de menor de 16 años, sino menor de 18 años. Allí es donde vienen contemplados casos, por ejemplo, como el de adultos en estado de vulnerabilidad. Allí se habla por primera vez de la pedo pornografía como una situación que puede ser penalizada a nivel canónico. Y el Motu Propio del Papa Francisco Como una madre amorosa insiste en la responsabilidad que tienen los obispos y los superiores en estos casos de delicta graviora.

¿Cuáles son las responsabilidades pastorales - jurídicas del obispo en este ámbito?

R.- Estamos hablando precisamente de ese Motu Propio del Papa Francisco donde este tema específicamente se trata con tanta profundidad, y donde la responsabilidad del obispo a nivel canónico, a nivel pastoral y también a nivel civil, es fundamental, recordando esa Carta Pastoral del Cardenal Nevada del 2011, donde indicaba a todos los presidentes de las conferencias episcopales insistir en las iglesias locales y nacionales en la responsabilidad del obispo en todo lo que tenía que ver con la protección de los niños, en la atención de las víctimas, en la formación inicial y permanente del clero, en la colaboración con la sociedad civil. Es en este orden de ideas, lo que vamos a vivir el próximo 21 de febrero con el Encuentro que va a tener el Santo Padre con los presidentes de las conferencias episcopales, es precisamente el tema fundamental que esperamos que se trabaje. Desde la responsabilidad de la Iglesia y de los obispos, de los Superiores Mayores, también la accountability - es decir la rendición de cuentas - y la transparencia. Todo ello porque es necesario insistir una y otra vez en estos tres puntos fundamentales. Es decir, ante cualquier denuncia el obispo es responsable no solamente de los protocolos canónicos y de la presentación ante la sociedad civil de esta situación, sino también del acompañamiento psicosocial y espiritual de la víctima y su familia. En esta responsabilidad también es meritorio que el obispo, el Superior General, “cree” los métodos efectivos para las denuncias y garantice la transparencia en los procesos internos. Esperamos con mucha ansia y con mucha esperanza cristiana lo que van a trabajar nuestros presidentes de las conferencias episcopales junto con el Santo Padre sobre este tema.

¿Qué frutos se espera de este encuentro?

R.- Creo que con este encuentro debemos tener expectativas realistas. Me parece que muchas de estas situaciones se van abordando a lo largo de los procesos que tenemos en cada una de nuestras naciones y conferencias episcopales. Yo espero tres frutos fundamentales de esto. Primero: el acelerador, es decir, que todos como Iglesia Católica, y todos los presidentes de las conferencias episcopales, sientan que este tema es prioritario, es urgente. El segundo fruto es que las conferencias episcopales actualicen sus líneas guía, y no solamente la actualicen, sino que realmente ayuden a las iglesias locales para que se vean realizadas en proyectos concretos de protección y de protocolos serios. En mi país los llamamos "rutas de atención",  para las víctimas, sus familias o todas las personas que quieran denunciar estos casos. Y el tercer fruto que me auguro en esto es que los procesos canónicos sean cada vez más expeditos. Es decir, que todos estos procesos que inician en las diócesis con las investigaciones preliminares y que luego mandan a la Congregación de la Doctrina de la Fe, sean procesos mucho más ágiles, porque a veces son situaciones que pueden demorar años. Creo que son tres frutos posibles y me parece que si todos nos ponemos en ese sentido de urgencia y de importancia por el amor y por el respeto a nuestras víctimas, y la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, es posible realizarlo en los próximos meses y proyectarlo en los próximos años.