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Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

La votación se producirá durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente que comenzará a las 10.00 hora local en la sede del organismo, en Washington. El Consejo Permanente considerará un proyecto de resolución que, para ser aprobado, necesita el voto de 18 de los 34 estados que son miembros activos de la OEA y que ha sido impulsado por ocho países: Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina.

El Gobierno de Daniel Ortega ya rechazó el pasado lunes la creación de una "comisión especial" en la OEA para dar seguimiento a la crisis y elevó su "más enérgica protesta" al organismo continental por esta iniciativa de este grupo de países. Según Managua, esa propuesta pretende "inmiscuirse en los asuntos internos que únicamente competen al Estado de Nicaragua".

De acuerdo al texto de la resolución, el objetivo es crear una "comisión especial" cuyo mandato "será contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua". Si se aprueba su creación, los miembros de la comisión serán designados como tarde el 10 de agosto por la Presidencia del Consejo Permanente, actualmente ocupada por Costa Rica, y se intentará que la entidad tenga "una representación geográfica equitativa", según el texto de la resolución.

Esa "comisión especial" buscará contribuir al diálogo nacional en Nicaragua mediante "medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la Organización -en referencia a la OEA- y de otros actores regionales e internacionales". Representantes de la Secretaría General de la OEA y del Gobierno de Nicaragua están trabajando actualmente en una serie de reformas electorales, que prevén concluir en enero de 2019.

Mientras tanto, la Iglesia católica media en un diálogo que comenzó en mayo y está estancado debido a los desacuerdos entre las autoridades nicaragüenses y la opositora Alianza Cívica, que aglutina al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos. Como parte de ese diálogo, la Conferencia Episcopal propuso al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que adelantara a marzo de 2019 los comicios fijados para 2021; pero el mandatario ha rechazado esa idea y considera que los obispos están "comprometidos con los golpistas".

Nicaragüenses migrando hacia Costa Rica

Mientras tanto, por la difícil situación que se vive en el país, más de 23 mil nicaragüenses han emigrado a Costa Rica, según lo dijo el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el Triángulo Norte de Centroamérica, Jorge Peraza. "Nuestra oficina en Managua está atendiendo más de 30 personas al día, principalmente solicitando información sobre cómo acceder a un mecanismo de protección", acotó el funcionario de la OIM.

Amnistía Internacional denunció en Uruguay que el Estado y grupos "parapoliciales" están disparando "a matar" para repeler las manifestaciones. El informe "Disparar a matar: estrategias de represión y de la protesta en Nicaragua" fue presentado hoy en el Parlamento uruguayo, aunque se dio a conocer dos meses atrás y ya se trabaja en la elaboración de un documento sobre la situación.

La presentación de este informe en Montevideo se dio tras la llegada de una delegación de AI al país para reunirse con el Gobierno uruguayo, en especial con el canciller, Rodolfo Nin Novoa, quien mantuvo una reunión con la directora del organismo para las Américas, Erika Guevara-Rosas. El informe, explicó Guevara-Rosas en la presentación, "sistematiza los hallazgos de una investigación que se realizó un par de semanas después de iniciada la crisis".

Concretamente, "Disparar a matar" se centra en hechos ocurridos en Nicaragua entre el 4 y el 13 de mayo, y refleja el "grave deterioro" de los derechos humanos, así como el "recrudecimiento de la violencia ejercida por el propio Estado".

La represión del gobierno hacia personas que protestan contra Ortega ha mutado en una aniquilación y cacería de la población, por parte de fuerzas parapoliciales con armamento de alto calibre y con características de fuerzas paramilitares, definió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Cenidh en su más reciente informe sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua.

La violencia sigue en Nicaragua

"La violencia de Estado tiene como objetivo no sólo desmontar las acciones de resistencia, sino también provocar el mayor número de muertos, capturar al mayor número de personas, y someter a las poblaciones de los territorios ocupados por estas fuerzas represivas a verdaderos estados de sitio", resaltó el Cenidh.

Además de las agresiones físicas e intimidación, el Cenidh denunció el uso de instituciones públicas para profundizar la "criminalización" de las protestas, como la reforma a las normas contra el lavado de dinero, que abre el concepto de terrorismo a diversas interpretaciones. Asimismo, señaló al Ministerio Público por ser muy diligente al acusar a los manifestantes por diversos delitos, sobre todo el de terrorismo, pero "continúa sin asumir su función de coadyuvar en el esclarecimiento de los más de 300 asesinados".

Adicionalmente, el Cenidh señaló que el interés del presidente Ortega de "desmontar el diálogo" nacional a través del cual se busca superar la crisis, es parte de la estrategia represiva del Gobierno nicaragüense.  Las cifras del Cenidh coinciden con las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que informó de 295 muertos en su último informe, mientras otras organizaciones humanitarias cuentan hasta 448 víctimas y el Gobierno, 195. Las diferencias se deben a los criterios de cada institución.

Tanto la CIDH como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.

Tierras tomadas a la fuerza y en forma ilegal

Un total de casi 8 mil manzanas de tierras (más de cinco mil hectáreas), en su mayoría para uso agrícola, han sido tomadas a la fuerza y de forma ilegal en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, denunció hoy la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic).

"Esas invasiones se han presentado con agresiones físicas, intimidación y robo. En algunos casos, los legítimos dueños son víctimas de persecución y amenazas de muerte", señaló la Upanic en un informe detallado que recoge 37 denuncias por invasión a la propiedad privada.

Upanic viene denunciando las tomas de tierras en diversos departamentos del país desde el pasado 1 de junio y ha exigido a la Policía Nacional y al Ejército que intervengan a través de planes de seguridad preestablecidos, lo que no ha ocurrido. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) ha exigido el cese inmediato de las tomas de tierra de forma ilegal a nivel nacional y ha denunciado el incremento sin control de personas inescrupulosas que al margen de la Ley violentan las propiedades privadas en este país.

Universidades sufren actos de represión de parte del gobierno

La Universidad Centroamericana (UCA), de administración jesuita, anunció la suspensión de labores en agosto por falta de desembolsos de ley del Gobierno de Nicaragua. "La UCA se ha visto obligada a suspender todos sus programas académicos y la mayor parte de los servicios que brinda al público, los cuales constituyen las fuentes de generación de ingresos de fondos propios de la universidad. Adicionalmente ha habido retrasos en las transferencias de fondos del Estado asignados a la UCA", informó el centro de estudios, en un comunicado.

Aunque la universidad intentó garantizar el pago de sus trabajadores desde que se inició el estallido social, en abril pasado, debió recurrir a la "suspensión, por el mes de agosto, de contratos laborales de una parte importante de los colaboradores". La UCA, que trabaja bajo régimen de subvención, dado que es privada pero recibe recursos del Estado que suelen ser destinados a becas, es uno de los emblemas de la actual insurrección contra Daniel Ortega, ya que fue la primera universidad en levantarse contra el presidente, el 18 de abril.

La UCA también brindó protección a decenas de personas el 30 de mayo, cuando un grupo de paramilitares atacó una marcha en apoyo de las mujeres que perdieron a sus hijos en protestas contra Ortega, justo el Día de las Madres en Nicaragua.  Las clases en la UCA se mantienen suspendidas desde el 31 de mayo debido a la situación de inseguridad en Nicaragua.