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Griselda Mutual - Ciudad del Vaticano

“Nos sentimos interpelados por los llamados que el Papa Francisco y las autoridades del CELAM nos hacen a través de sus exhortaciones, para que nos hagamos custodios de esta casa común, la cuidemos, la defendamos para el disfrute de todos y de las generaciones futuras, unidos a todas aquellas personas que luchan por un uso adecuado y respetuoso de la naturaleza promoviendo una ecología integral”: por este motivo los integrantes del Comité Central de la Red Eclesial Amazónica (REPAM)  de Venezuela comparten, en un extenso mensaje publicado este jueves 5 de abril, algunas inquietudes sobre situaciones y peligros que amenazan el medio ambiente del país.

Jóvenes sin horizonte de un futuro digno en la Patria

En primer lugar se refieren a las "situaciones insoportables" de hambre, pobreza, miseria, inseguridad ciudadana, emergencia sanitaria, persecución política y migraciones arriesgadas, por cuya gravedad "pueden dejarse de lado problemas que, por parecer menos urgentes en lo inmediato, pueden tener, y están teniendo, consecuencias desastrosas": se habla del problema del extractivismo desenfrenado implementado en los últimos tiempos.

Política minera arrasadora

Tras realizar una breve lectura histórica del esfuerzo por el cuidado del medio ambiente en el país, aluden a la "nueva" política minera “vertiginosa e invasora”, y denuncian el modelo extractivista presente en Venezuela y en muchos países de América Latina y del mundo,  por implicar “un desarrollo insostenible, un empobrecimiento acelerado, una fuerte dependencia a las variaciones del mercado manejado por las corporaciones transnacionales, y el debilitamiento sin precedentes de los Estados nacionales que quedan a merced de las corporaciones, insertándose sumisamente en el mercado internacional”. “Las actividades extractivistas – aseguran - forman parte de un modelo económico dominante que ha separado a lo humano de la naturaleza, y entiende a ésta como un modelo infinito de extracción de materias primas”.

Silencio y represalias hacia los indígenas

Otra denuncia se relaciona al silencio como respuesta a los reclamos de los indígenas contra la destrucción ambiental que los ha visto sufrir atropellos a los propios derechos, mientras que, en cambio, las declaraciones oficiales justifican el incremento de la actividad extractivista “por necesidad de mayores ingresos económicos y hasta por un supuesto desarrollo en vistas al futuro”.

El comité señala cómo algunas noticias, debido a su notoriedad – del tipo: masacres, ajusticiamientos- saltan los cercos comunicacionales y circulan por las redes sociales, siendo ignoradas por parte de los responsables, e indican, asimismo, cómo los conflictos socio ambientales impactan a todos los venezolanos y no sólo, dado que las dinámicas ocurren en la Amazonía, que es un territorio compartido con ocho países de la región.

La postura de la Iglesia Universal y Latinoamericana

En relación a la posición de la Iglesia, los integrantes del comité central de la Repam señalan la Encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, como instrumento esclarecedor  y punto de referencia para todos, también recuerdan la Asamblea de Aparecida de 2007 que centrara el tema de la ecología en la Amazonía, y la creación de la REPAM para la articulación de todos los esfuerzos e iniciativas de Iglesia en esta región. Como último esfuerzo se refieren a la Exhortación Pastoral "Discípulos Misioneros Custodios de la Creación”, finalizada a aplicar la Encíclica del Papa a la realidad latinoamericana,  y mencionan el Sínodo Extraordinario de Obispos sobre el tema de la ecología integral, centrado en la Amazonía, que tendrá lugar en 2019.

El compromiso de la Iglesia en Venezuela

Por todo lo expuesto la Iglesia en Venezuela, a través de la Conferencia Episcopal y de las comisiones que desarrollan un compromiso social y acciones de apoyo a los pueblos indígenas y afrodescendientes, “hace suyos los clamores que resuenan en tantas partes para que se logre una situación de justicia y defensa de la naturaleza, y reclama una actuación que tenga en cuenta el bienestar y los derechos de toda la población, y de las generaciones futuras, amenazados por proyectos que buscan fundamental o exclusivamente intereses económicos particulares”.