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Griselda Mutual - Ciudad del Vaticano

La migración forzada como mecanismo de supervivencia, la alteración del orden constitucional, el impacto de la escasez en la salud de las personas, los obstáculos del gobierno al ejercicio del libre derecho de protesta de los ciudadanos con el consecuente uso de la fuerza, han sido algunos de los temas abordados en la entrevista realizada a Monseñor José Luis Azuaje Ayala, Obispo de Barinas y Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana.

En primer lugar el prelado responde sobre el diálogo político venezolano, que se estaba llevando a cabo en República Dominicana, y que quedara en receso indefinido, luego de que la oposición se negara a firmar el documento que el oficialismo daba como acuerdo definitivo, el pasado miércoles 7 de febrero. 

¿Cuál es el clima político en este momento y las previsiones en ese sentido?

La paralización del diálogo, o mejor dicho, la no firma del acuerdo que propuso el gobierno a través del ex presidente Zapatero, no llenaron las expectativas de la oposición puesto que no asumía las peticiones que se hacían por parte de la oposición, a saber: la libertad de los presos políticos, devolverle las competencias a la Asamblea Nacional, la apertura de un canal humanitario y que hayan garantías electorales en las elecciones. El acuerdo favorecía las instancias gubernamentales y no al pueblo venezolano. Resultaba evidente que los postulados en ese acuerdo no estaban en función de resolver los problemas del país. Nosotros lo dijimos como obispos: hay que resolver los problemas humanitarios, el problema de escasez de productos de todo tipo, principalmente los alimentario y los que tienen que ver con el sector salud, la gigantesca inflación. Al ver que estos temas no estaban entre los postulados del acuerdo, la oposición tomó la decisión de no firmar. Fue una decisión, creo conveniente, en función de la vida del país.

Políticamente hay una gran incertidumbre en el país, y esto le sucede a ambos bandos. Si el gobierno va a elecciones sin que se presente candidato alguno de la oposición, quedaría ilegitimado, no sería reconocido por la gran mayoría de la comunidad internacional ni del pueblo venezolano. La oposición tendría que asumir el riesgo de una mayor represión y presión política, además de los costos políticos de sus dirigentes. Pero, ¿qué pasaría con el pueblo? Algunos participarían en las elecciones, sobre todo aquellas personas que aún creen en ese proyecto socialista por las dádivas que reciben, cuya participación tendría un costo elevado, puesto que se mantendrían las políticas que han empobrecido al pueblo venezolano. Quienes no avalan este proyecto tendrían que activarse como sociedad civil organizada, recordando en todos los ámbitos lo ilegítimo de unas elecciones de ese tipo.

¿Cuáles son las consecuencias de la escasez?

En primer lugar, la desnutrición infantil se ha acrecentado. Cáritas de Venezuela realizó un estudio que evidencia una alarmante situación: el porcentaje de niños desnutridos se ubica en un quince por ciento. Se habla de 300.000 niños en riesgo de morir por la desnutrición. Esto alcanza también a ancianos y adultos que han bajado de peso por no conseguir los nutrientes necesarios para su sustento. La gente está comiendo lo que encuentra, y lastimosamente observamos cada día un mayor número de personas revisando los botaderos de basura buscando desperdicios para comer. Es una lamentable realidad en un país con tantos recursos naturales. Nuestros párrocos con el trabajo que hacen a través de la pastoral social- Cáritas, corroboran esta situación. 

Un hecho grave y lamentable es la escasez de medicamentos de todo tipo. Los médicos en las consultas le proponen al paciente los nombres genéricos y diversos nombres de medicamentos para ver cuál de ellos consiguen. Los reactivos para exámenes no se encuentran, nuestros centros hospitalarios no tienen insumos, los familiares de los pacientes deben salir a buscar lo que le indiquen, para los pobres no hay medicamentos. Si llega algún medicamento que es traído a riesgo por algunos farmaceutas, deben venderlos a un precio elevado, debido al costo del producto en el extranjero. Es una espiral que atenta contra la vida de los pobres que es la casi totalidad de los venezolanos. Es un drama que clama al cielo, y no se le pode remedio.  

Otro aspecto doloroso es el drama que viven millones de personas que tienen que salir de madrugada, no a trabajar como antes, sino a hacer colas para ver qué productos puede encontrar para llevar a la casa. Son personas en edad productiva, en edad de trabajo, que tienen que pasar 6 y hasta más horas buscando alimentos o medicamentos o cualquier otro producto; la pregunta es: ¿Cuándo se va a desarrollar un país en donde las personas en edad productiva, trabajadores, tienen que estar en la calle buscando que comprar para el sustento de sus familias? Esas horas productivas sencillamente resultan improductivas porque andan buscando cómo llevar algo a su hogar, muchas veces se quedan sin trabajo y otras tantas deambulan de un lado a otro. Realmente es una situación muy crítica. El otro aspecto es el resquebrajamiento de la unidad familiar: son millones las personas que han tenido que emigrar a otros lugares buscando aportar algo a sus familias, a sus hijos, a su futuro. El resultado de esto es observar cómo nuestros pueblos se van quedando con gente adulta, cuando Venezuela es un país de jóvenes. Son muchas las consecuencias y la desesperanza que ha generado este proceso de desabastecimiento. Un proceso, si se quiere, que esclaviza a un pueblo y no lo deja pensar, ni darse cuenta de su realidad.

En virtud al grave contexto ha habido una fuerte incrementación en el flujo migratorio. ¿Es factible el cierre de las fronteras?

Cada país tiene sus leyes y normas. El deseo de los Venezolanos es que se mantengan las fronteras abiertas y pueda darse una migración organizada y con valores éticos en el respeto de los derechos humanos. El problema está en la desesperación tan grande que tiene la familia venezolana, que ya no encuentra oportunidades de desarrollo en el país. Nosotros en el siglo pasado recibimos millones de personas de países en conflictos, jamás pensamos que nos tocaría esta experiencia de ser migrante obligado por la situación de injusticia y de desafueros económicos que privilegia al mundo de la ilegalidad. 

Esta situación genera mucha tristeza: se van personas profesionales, padres y madres de familias, incluso familias enteras, pero principalmente jóvenes. Se nos mete en el alma una sensación de tristeza y desesperanza en el país. Por ejemplo, en Diciembre pasado vivimos las navidades más tristes de nuestra historia; había un vacío porque nos han robado la alegría y la esperanza, nos han robado el alma, la dignidad. La situación de frontera nos acarrea a todos mucha preocupación, pero también tenemos que dar muchísimas gracias a la Iglesia colombiana, a la Diócesis de Cúcuta, a Cáritas colombiana y a la Iglesia Brasileña, y a tantos otros, por las atenciones inmensas que han brindado a los venezolanos. Muchas veces el número de personas sobrepasa las capacidades de atención que ellos pueden brindar, pero están haciendo lo humanamente posible para atenderlos. Los obispos hemos dicho que ni los aeropuertos ni las fronteras son la solución a esta crisis, pero lamentablemente el gobierno se empeña en mantener el sistema económico que ha empobrecido a nuestro pueblo.

Las elecciones presidenciales en Venezuela fueron fijadas para el 22 de abril en por la ANC. Esto generó un clima de tensión política. En el comunicado del 29 de enero la CEV fue clara, llamaron esto “un hecho de extralimitación y desnaturalización de las funciones de la ANC”. En este sentido ¿cuáles serán las exigencias de la Iglesia católica?

Si nos adherimos a la Constitución actual, no podemos reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. En primer lugar porque es anticonstitucional, no ha habido una consulta al pueblo quien es el que ejerce la soberanía, para su institución. En segundo lugar, la naturaleza de una ANC es la de redactar una nueva Constitución, y la Reforma de Estado, pero no está en su competencia generar leyes definitivas, ni meterse en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito electoral, que sobrepasa lo que la Constitución vigente estipula. Consideramos que el llamado a elecciones adelantadas, - que deberían darse en diciembre de este año y no ahora - favorece al gobierno y no al pueblo, puesto que no hay garantías electorales que favorezcan el resguardo del voto y la honestidad en el proceder por parte de las instituciones electorales. Se sigue con el mismo patrón electoral, se continúa con los mismos elementos que suscitaron problemas en elecciones pasadas, negando la presencia de observadores imparciales que puedan tener una palabra libre en función de las elecciones. Hay políticos de la oposición que fueron inhabilitados políticamente; partidos políticos a los que se les niega la participación directa en los comicios,  mientras que por su parte el gobierno crea un nuevo partido, y tranquilamente lo inscriben. Lo que la Iglesia siempre ha pedido son garantías electorales, el cese al ventajismo gubernamental, un Consejo Nacional Electoral independiente con nuevos rectores, igualdad de oportunidades en las campañas electorales, principalmente en el uso de los medios de comunicación, habilitar a los posibles candidatos que han sido inhabilitados por cuestiones políticas; en fin, sensatez para que surja el respeto al pueblo soberano.

En Venezuela, “quienes disienten con el Gobierno sufren serias represalias, como se constata en las frecuentes detenciones y destituciones a alcaldes, gobernadores, diputados y opositores en general”, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe que publicó este 12 de febrero. ¿Cómo afrontan los Obispos este tema?

Este tema lo afrontamos con mucha preocupación. La violación de Derechos humanos ha sido sistemática. La represión ha ido en aumento. Las protestas se conciben como delito desde que la ANC aprobó la ley contra el odio, como medio de represalia y de generar miedo en aquellos que no concuerden con los postulados del gobierno. Nuestra Conferencia Episcopal, a través de la Comisión de Justicia y Paz, y de las Vicarias de Derechos Humanos de algunas Diócesis, lleva un trabajo consolidado desde hace algunos años, investigando situaciones de violaciones, así como promoviendo y protegiendo los DDHH con énfasis en las víctimas. Algunos de los casos se han presentado en instancias internacionales.  

Cuando un gobierno utiliza el poder por el poder, se supone que va a emplear la fuerza y la represión para acallar y someter a la ciudadanía. Esto ha sucedido permanentemente en el país. Son muchas las personas que han sido asesinadas en las marchas y protestas, personas que desgraciadamente perdieron la vida tratando de buscar su libertad, de manos de organismos de seguridad del Estado. Nosotros animamos y promovemos que se garanticen los Derechos Humanos de todos los ciudadanos. Pero no podemos trabajar solos. Los esfuerzos deben hacerse en conjunto con otras organizaciones que están asumiendo retos en esta área, a pesar de las persecuciones y maltratos. Sabemos que vendrán más represalias cuando el gobierno se sienta acorralado, por lo que estaremos atentos al servicio que podamos brindar al pueblo venezolano.