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Griselda Mutual - Ciudad del Vaticano

Desde la mañana del domingo 25 de febrero y por tiempo indefinido, fueron cerradas las puertas de la Basílica del Santo Sepulcro, como protesta  - por parte de las tres comunidades responsables de la Basílica – por el último diseño de ley propuesto por el gobierno israelí.

En una declaración conjunta el Patriarcado Greco Ortodoxo, la Custodia de Tierra Santa y el Patriarcado Armenio expresan que la nueva propuesta de ley "discriminatoria y racista del gobierno", afecta exclusivamente a las propiedades de la comunidad cristiana en Tierra Santa, y que, en caso sea aprobada, haría posible la expropiación de tierras.

"Esta sistemática y ofensiva campaña – expresan - ha alcanzado un nivel sin precedentes después de que el municipio de Jerusalén emitiera avisos escandalosos de pago y bloqueo de bienes, propiedades y cuentas bancarias de la Iglesia, por supuestas deudas de impuestos municipales punitivos".

Las medidas, dice la declaración, se consideran "una grave violación del status quo existente y un intento de debilitar la presencia cristiana en la Ciudad Santa".

Los líderes cristianos manifiestan que se trata de un paso contrario a la posición histórica de las iglesias dentro de la Ciudad Santa de Jerusalén y su relación con las autoridades civiles, y que dichas acciones "violan los acuerdos existentes y las obligaciones internacionales que garantizan los derechos y privilegios de las Iglesias, en lo que parece ser un intento de debilitar la presencia cristiana en Jerusalén".

Recordando la Declaración de las Iglesias en Jerusalén, fechada 14 de febrero de 2018 y su declaración anterior de septiembre de 2017, como medida de protesta, los líderes cristianos han decidido realizar este paso "sin precedentes" de la Iglesia del Santo Sepulcro: "Junto con los Jefes de Iglesias en Tierra Santa estamos unidos, somos firmes y decididos en el defender nuestros derechos y nuestras propiedades", concluyen.